La legislatura que llega a su fin este 23 de julio ha dejado en el camino varios conflictos importantes en lo relativo al sistema de Justicia español, muchos de los cuales han quedado sin resolver. El primero de todos ellos, inédito en la historia de la democracia española, es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se prolongará más allá de las elecciones. 

Pero, más allá de este asunto que tanto ha dado que hablar en España y Europa, la Justicia se enfrenta a día de hoy a cantidad de desafíos: la necesidad de una digitalización (abandonar el papel), la escasez de personal, el retraso acumulado en los juzgados y tribunales, los conflictos laborales con letrados, jueces, fiscales y funcionarios y la inaccesibilidad de las carreras fiscal y judicial. 

Entrados ya en el tiempo de descuento de la legislatura, encarada la recta final que precede a las urnas, los partidos políticos han desvelado ya sus promesas de gobierno, exponiendo en sus programas las medidas que consideran necesarias para abarcar todos estos conflictos.

PP: reforma del CGPJ e independencia del fiscal general

El Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo engloba los retos a los que se enfrenta el Poder Judicial en uno solo: "Promover una Justicia a la altura de nuestros compromisos europeos". Bajo este título se incluyen doce propuestas de cara a "volver a prestigiar la Justicia tras los ataques sufridos durante la última legislatura".

La formación que bajo los liderazgos de Pablo Casado y Núñez Feijóo se ha negado a renovar el órgano de gobierno de los jueces, propone ahora "reforzar las garantías de independencia del Poder Judicial". En concreto, asegura que reformará la ley orgánica que lo regula para que los 12 vocales del CGPJ que proceden de la judicatura sean nombrados por la carrera judicial. Además, los populares aseguran que derogarán la norma impulsada en 2021 por el Gobierno para impedir que el Consejo haga nombramientos cuando está en funciones.

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Otra medida plasmada en el programa de Génova para "garantizar la independencia" en la Justicia es "endurecer el régimen de incompatibilidades" para que no puedan acceder al Tribunal Constitucional individuos que hayan estado "vinculados políticamente" en los cinco años previos.

Los populares plantean otra reforma que consiste en cambiar el régimen jurídico del fiscal general del Estado para incluir "mecanismos de mayor transparencia, independencia e imparcialidad". Buscan, en definitiva, desvincular este cargo del Poder Ejecutivo y fijar su mandato en 5 años, para que no cambie a la vez que los gobiernos.

Para agilizar el trabajo de los tribunales simplemente plantean aprobar "un plan de choque inmediato para desatascar el funcionamiento de la Justicia" -sin más concreción- y aseguran que negociarán para acabar con los conflictos laborales que vienen sucediéndose en 2023 con los letrados de la Administración de Justicia, los jueces y fiscales y los funcionarios.

Por otro lado, en Génova anuncian reformas organizativas y "de digitalización" y se proponen incrementar en 1.000 plazas la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de la legislatura. El resto del plan incluye una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, una ley de medios alternativos de gestión de conflictos y una ley de derecho de defensa.

PSOE: becas, más jueces y leyes de eficiencia

El PSOE, candidato a la reelección tras una legislatura en la que el Ministerio de Justicia ha estado liderado por la socialista Pilar Llop, seguirá "exigiendo la inmediata renovación del CGPJ". Así lo promete su programa, en el que se defiende el actual modelo de elección de sus vocales a través del Parlamento: "todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español". 

Los socialistas apuestan por continuar implementando el Plan de Justicia 2030, intensificar la asistencia jurídica gratuita e incrementar el número de jueces y fiscales, si bien no detallan la magnitud de ese incremento. El programa apuesta también por ampliar el programa de becas del Ministerio de Justicia para facilitar el acceso a las carreras de los distintos operadores jurídicos. 

Estas son las propuestas del programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 23-J

Otra de sus promesas es  culminar la aprobación de las leyes de eficiencia del sistema público de Justicia -la organizativa, la procesal y la digital-, que quedaron paralizadas por el adelanto electoral. Estas leyes han sido motivo de disputas en la Administración de Justicia, ya que los funcionarios reclaman participar en el diseño de las mismas. 

Entre sus planes de modernización está la propuesta de adecuar y actualizar los edificios y sedes judiciales. Coincidiendo con el Partido Popular, los socialistas buscan reformar la ley de enjuiciamiento criminal y reforzar la lucha contra la corrupción.

Vox: la desaparición del Tribunal Constitucional

La primera medida llamativa que presenta Vox en relación al Poder Judicial es la disolución del Tribunal Constitucional en el Supremo. Según propone el partido de Abascal, el órgano de garantías pasará a integrarse en el Alto Tribunal en forma de una "nueva" Sala Sexta que tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. 

Esto requeriría en todo caso una reforma de la Constitución española, igual que su siguiente propuesta que retiraría competencias a las comunidades autónomas: "Desarrollaremos un sistema de gestión procesal único en toda España, de tal manera que se garantice la interoperabilidad entre juzgados, facilitando la labor profesional de Abogados, Procuradores y restantes operadores de nuestro sistema judicial". 

Estas son las propuestas del programa electoral de Vox para las elecciones generales del 23-J

En lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial, los de Abascal van un paso más allá y proponen que todos los vocales (no solos los del turno judicial) sean nombrados por jueces y magistrados. Aseguran que van a fortalecer las funciones de este órgano y lo dotarán de "mayor autonomía presupuestaria". 

En el punto número 273 de su programa, Vox plantea rechazar "cualquier intento" de atribuir la instrucción del proceso penal a la Fiscalía. "La persecución de los delitos no puede depender del gobierno de turno", señala la formación. 

Por otro lado, afirman que abordarán reformas legales para que los juzgados y tribunales participen en la decisión de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, algo que en principio ya se hace a través de las mesas de retribuciones y mecanismos de negociación contemplados en la legislación española. Proponen además disolver la Fiscalía de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación. 

Sumar: ayudas a opositores y un CGPJ descentralizado

Sumar habla de una situación "crítica" en la Administración de Justicia y propone el desarrollo de un "plan de choque inmediato" que la revierta. Este plan incluiría medidas como dotar temporalmente de medios extraordinarios a los órganos más necesitados, incrementar el número de jueces por habitante e instaurar un nuevo modelo de oficina judicial. 

"Es necesario arbitrar mecanismos que reduzcan litigios y demoras, así como abordar la realidad de los actos masa (grandes cadenas de actos iguales y aislados), para darles una respuesta conjunta", afirma el partido de Yolanda Díaz. Como el PP y el PSOE, Sumar propone potenciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos con el objetivo de "descongestionar la Justicia". 

Estas son todas las propuestas del programa electoral de Sumar para las elecciones generales del 23-J

También de acuerdo con el resto de formaciones, los de Díaz plantean "dotar a la Administración de Justicia de más medios humanos y materiales". Señalan además la necesidad de "avanzar hacia la digitalización de la Justicia". 

Una de las propuestas más novedosas es la de "adaptar la justicia a la estructura descentralizada del Estado". En este sentido, se propone reducir las competencias del Supremo y la Audiencia Nacional en favor de los tribunales superiores de Justicia y descentralizar el CGPJ para delegar algunas de sus competencias en "Salas de Gobierno o Consejos Territoriales que resuelvan con mejor conocimiento, rapidez y sensibilidad autonómica los problemas que afectan a cada comunidad". 

Otra medida prometida por Sumar es "un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales" que incluya un sistema de becas públicas para los opositores. La formación plantea también instaurar juzgados de familia en todos los territorios e instancias e integrar la justicia militar en la jurisdicción ordinaria. 

Sobre el CGPJ, Sumar coincide con el PSOE en que el órgano debe reflejar la pluralidad democrática, pero a diferencia del partido de Sánchez, propone sin concretar demasiado "reformular su sistema de elección". "Estableceremos mecanismos para lograr la paridad, al igual que en los restantes órganos de gobierno, y respaldaremos que, una vez expirado su mandato, cesen automáticamente vocales y presidente. En cuanto a los vocales del CGPJ de procedencia judicial, mantenemos el modelo de elección parlamentaria", zanja.